Haciendo el juego "a la otra orilla"

Si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que un juez la aplique?

La actitud de Izquierda Unida ante la ilegalización de partidos revolucionarios; por Manuel M. Navarrete

inSurGente.- Este 14 de mayo, el cabeza de lista de Izquierda Unida en las elecciones europeas, Willy Meyer, dio una conferencia en el Instituto de Crédito Oficial. En ella, tras conocer que la Fiscalía del Estado había impugnado la candidatura Iniciativa Internacionalista, Meyer afirmó: “Estamos en un Estado de Derecho y lo que hay que hacer es respetar el Estado de Derecho; si está en los tribunales, estos serán los que decidan”, para terminar sentenciando: “Si un juez o un tribunal decide que determinada candidatura no se debe presentar, pues no se presenta”.[1] 




Sin embargo, en la propia web de IU encontramos una resolución según la cual esta formación está en contra de la Ley de Partidos: “IU-Federal insta al Gobierno a derogar la Ley de Partidos, y a establecer un acuerdo político plural con el resto de partidos políticos para su modificación legal, desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales, y especialmente a los de participación política, reunión y manifestación reconocidos en nuestra Constitución”.[2] 

Cabría, pues, preguntarle a Willy Meyer lo siguiente: si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que un juez la aplique? La incoherencia es objetiva y evidente en sí misma. 

Dos días antes, el 12 de mayo, habíamos leído en prensa lo siguiente: “La dirección federal de IU citó ayer al líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, para que diera las explicaciones oportunas y para advertirle de que si los 19 miembros de este colectivo no retiraban este aval [los avales firmados para que Iniciativa Internacionalista pudiera concurrir a las elecciones] serían expulsados de la IU”. [3] “Los estatutos plantean que no es posible participar o apoyar públicamente, y ahí entraría el aval, a una candidatura distinta a IU y que además sea competencia directa en la urnas”, declaró a EFE José Luis Pérez Tapias, Secretario de Organización de IU en Andalucía. [4] 

Sin embargo, el 13 de mayo el CUT afirma en su página web lo siguiente: “Como en anteriores convocatorias electorales, CUT-BAI sólo apoya la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones europeas, participa de su lista y hará campaña por la misma. Es costumbre en toda la izquierda transformadora y también en CUT-BAI que cargos públicos avalen otras candidaturas para facilitar su presentación a las elecciones por ser un derecho democrático elemental, sin que ello presuponga apoyo político alguno”. [5]  

Incluso una asamblea de Izquierda Unida, en este caso de Nerva (Huelva) ha afirmado lo siguiente en un comunicado: “Que la firma de un aval no está contemplada en ningún caso como infracción sancionable según el artículo 28 de los Estatutos de IULV-CA. Que la acción sancionable -según lo establecido en el art. 28- con mayor grado de aproximación se refiere literalmente a “la manifestación pública del voto a una candidatura, o candidato individual en el caso de las elecciones al Senado, distinta a la de IULV-CA.” Dicho punto fue introducido en la XVII Asamblea Andaluza celebrada en Salobreña, gracias a la aprobación de una enmienda de adición propuesta precisamente por la Asamblea Local de Nerva. Cualquier intento de hacer equiparar esta conducta sancionable con el acto administrativo de firmar para que otra candidatura tenga la posibilidad de presentarse, supone forzar de forma extrema y absurda los Estatutos de nuestra organización”. [6] 

Así pues, el CUT sólo podría haber incumplido un artículo de los Estatutos de IU (el 28 concretamente) en caso de haber pedido el voto para Iniciativa Internacionalista (cosa que no ha hecho). ¿Cuál es el motivo real para amenazarlos de expulsión?  

No deja de resultar significativo que la dirección federal de Izquierda Unida no haya pedido la expulsión de todos aquellos cargos que firmaron avales para que, por ejemplo, Izquierda Anticapitalista, el PCPE o el POSI pudieran concurrir a estas elecciones europeas. Si se impidiera que unas organizaciones avalen a otras, numerosos grupos se verían privados de su derecho a concurrir a procesos electorales europeos, al carecer de 50 concejalías, siendo casi imposible además la emergencia de nuevas opciones electorales.  Pero el hecho es que IU sólo amenaza de expulsión a los que firmaron por Iniciativa Internacionalista y el motivo real de esto es, en verdad, obvio.

A pocos podrá ya sorprender que la dirección de IU decida hacerle el juego a “la otra orilla” del PP-PSOE, en lugar de a los sectores revolucionarios que, aunque pequeños, existen. Como hemos visto, las propias bases de Izquierda Unida se ven impotentes para controlar a una dirección cada vez más divorciada y autónoma. De otro modo no se comprendería que hasta partidos del sistema como ERC, PNV y Aralar hayan denunciado el atropello que supone ilegalizar Iniciativa Internacionalista, mientras que Izquierda Unida calla o considera que “si un juez decide que una candidatura no se puede presentar, pues no se presenta”. 

Tampoco se comprenderían de otro modo los pactos globales con el PSOE para controlar las alcaldías, o las mociones de censura contra la izquierda vasca, o el voto favorable al envío de tropas al Líbano para desarmar a Hezbolá (que, salvando las distancias, sería como desarmar al M-26 en la Sierra Maestra), o el voto favorable a la LOU (que privatiza la gestión de la universidad al ponerla en manos de la ANECA y los Consejos Sociales), a la Reforma Laboral (que abarató el despido) y al Canon Digital. Por no hablar de la innegociable apuesta por CC OO (un sindicato que no secunda la Huelga General de la izquierda abertzale para el 21 de mayo porque, según Fernández Toxo, el gobierno no ataca a los trabajadores), o de que en el Parlamento Izquierda Unida se abstuvo (no votó en contra) al ser votada la ley más reaccionaria de toda Europa, una ley que elimina de un plumazo los principios de responsabilidad individual y presunción de inocencia, y que no es otra que la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. 

Textos como el que escribo suelen ser considerados un insulto por los militantes de Izquierda Unida. Cabría preguntarse por qué. Al parecer existen verdades (todas ellas verificables en cualquier hemeroteca) que no deben mencionarse jamás. Pero sin someter a la debida crítica estas actuaciones políticas, el capitalismo español gozará de una salud excelente por muchos años más. Quizá sería conveniente, si los militantes de Izquierda Unida lo tienen a bien, que se pusieran por un momento en nuestro lugar, e imaginaran que IU fuera la ilegalizada e Iniciativa Internacionalista la que asintiera con la cabeza ante la hazaña de los jueces fascistoides. Tal vez así puedan llegar a darse cuenta de cómo nos sentimos quienes habíamos depositado nuestras esperanzas en esta candidatura compuesta por intelectuales, sindicalistas y luchadores sociales de moral intachable. 

También suelen los militantes de IU apelar a nuestra falta de realismo por tratar de construir nuevas alternativas, pero ¿es realista pensar que van a conseguir cambiar Izquierda Unida cuando todos los mecanismos de democracia interna han sido desarticulados sin piedad?